Aseguramiento sanitario, clave

En sus dos últimas columnas, Lucas Echeverri critica la regulación sanitaria colombiana de los alimentos y bebidas, y asevera que frena el desarrollo del país. Ante tal afirmación, es importante explicar qué es la normativa sanitaria, cuál es su finalidad y porque esta regulación no frena el desarrollo, sino que protege la salud de los colombianos y promueve la competitividad.

La normatividad sanitaria tiene como objetivo la protección del consumidor, surge con los acuerdos que dieron vida al sistema de las Naciones Unidas para garantizar la inocuidad, calidad y propiedades nutricionales de los alimentos, forman la base de acuerdos internacionales como los de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio y no son un embeleco del Estado colombiano. Las normativas determinan qué ingredientes y aditivos pueden utilizarse, qué contaminantes o residuos de medicamentos veterinarios son prohibidos y cuál debe ser el contenido de las etiquetas, reduciendo los riesgos y promoviendo la salud y el acceso a la información de los consumidores. Nadie quiere consumir arroz con plomo, o bebidas alcohólicas con alcohol metílico.

Estas regulaciones son también esenciales para promover las exportaciones. Siempre que un alimento colombiano va a ser exportado, la autoridad sanitaria del país de destino verifica que nuestros estándares sean homologables a los de su país, lo que convierte al Invima en punta de lanza en la conquista de nuevos mercados. En los últimos dos años, el Invima ha conseguido que 23 mercados internacionales le abran la puerta a alimentos de origen animal producidos en Colombia, y hoy existen 51 mercados con requisitos sanitarios homologados para ser aprovechados por nuestros empresarios.

Así ha sido posible, que carne colombiana sea exportada a Rusia, derivados lácteos a Canadá, pollo a Japón, y atún y tilapia a la UE y Estados Unidos.

Aunque el balance es positivo, esto no significa que no se pueda mejorar. Debemos garantizar que los estándares colombianos estén actualizados y alineados con las mejores prácticas internacionales, y aumentar el apoyo a productores que no han logrado cumplir plenamente los estándares vigentes. En esto también hay progreso. El gobierno colombiano, a través de los Decretos 1595 y 1074 de 2015, obligó a todos los entes reguladores a establecer un inventario de la regulación vigente y a revisar las necesidades de actualización de estas normativas. Por otro lado, en relación al apoyo a empresarios, el Invima decidió hace dos años incorporar en sus actividades prioritarias, el diagnóstico y solución de las barreras para una adecuada implementación de la normatividad sanitaria. Por ejemplo, en el caso de la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura para bebidas alcohólicas, el Invima redujo a la mitad la tarifa de certificación para plantas que tengan menos de 50 empleados y estableció un plan de trabajo con autoridades departamentales para apoyar a pequeños productores en el cumplimiento de este requisito.

El Invima está dispuesto a revisar la pertinencia de cualquier requisito sanitario que a los ojos del sector productivo sea innecesario para proteger la salud de los colombianos. En otras palabras, contrario a lo que expone Lucas Echeverri, la posibilidad de que se revise cualquier problemática es toda.

Director del Invima