Hacer la tarea contra la economía criminal

Lograr una relación sostenible entre comunidades e institucionalidad es el reto grande que debemos atender de manera urgente. Diferentes entidades, centros de pensamiento y grupos empresariales venimos insistiendo en el tema porque, de acuerdo con nuestro contexto, y muy especialmente en los lugares donde por años estuvo ausente, este desafío implica una lucha decidida y coordinada contra la economía criminal.

Como parte del trabajo conjunto que adelantamos con la Universidad Eafit y el apoyo de expertos del sector público y privado, estudiamos el asunto con la firme intención de aportar en una transición exitosa hacia la paz territorial. De manera resumida compartimos con los lectores algunas reflexiones de este trabajo.

El punto de partida es el entendimiento de las ‘bacrim’ no simplemente como organización, sino también como una tecnología de control social. Un modelo que provee orden, seguridad y flujo de ingresos legales e ilegales, muy fuerte en sitios que dependen del narcotráfico y la minería ilegal, pero cada vez más con expresiones urbanas. Los líderes de estas bandas no solo buscan controlar los negocios criminales, también son ‘autoridad’ para un importante número de colombianos en zonas que carecen de institucionalidad y democracia.

Que el Estado logre imponerse al dominio de ejércitos privados al servicio de esta criminalidad, implica rechazar acuerdos para desmovilizar mafias, pues caeríamos en un círculo de negociar con una y luego resurgiría otra. El asunto clave es que el Estado llegue al control efectivo del territorio de manera integral, con los costos de tiempo y recursos que ello implique. Es la sobrevivencia del Estado Social de Derecho.

Complementariamente, es urgente redireccionar la persecución criminal para concentrar los esfuerzos en los eslabones más fuertes y no en los más débiles, como sucede actualmente. Un ejemplo claro es que gran parte de los recursos se invierten en atacar estructuras minoristas y cultivadores de coca, pero los resultados por capturas relacionadas con blanqueo y lavado de activos son muy pocos. En Medellín, en el 2014 solo se capturaron siete personas por ese motivo; en el 2013, cuatro, y en el 2010, dos. Desde Medellín, la Alcaldía ha sido insistente en este asunto que es estratégico a todas luces.

Igualmente, es clave entender que los miles de millones de dólares que deja la exportación de droga no solo se traducen en violencia por el control del negocio, también en corrupción y daños a la democracia, toda vez que dichos recursos han sido usados en algunos casos para alterar resultados electorales. El Estado debe crear y aplicar estrategias de control electoral a la medida para muchas zonas. Y se agrega que muchos de los cultivadores que quieren entrar genuinamente a los programas de sustitución de cultivos, se están volviendo objetivo militar de estos grupos, como lo son los defensores de derechos humanos.

Dimos un gran paso en el acuerdo con las Farc para que las armas pasaran al monopolio del Estado, y se hacen reconocimientos internacionales merecidos a nuestro Ejército y Policía por su capacidad de combate. El Cuerpo Élite de la Policía es un instrumento confiable de esa capacidad para los momentos actuales. No hay ninguna razón para que otros bandidos nos vuelvan a llevar a días tenebrosos.