Tierras y desarrollo rural

Si en los próximos 10 años el país tuviera que gastar 100 billones de pesos adicionales para atender el posconflicto -una cifra para algunos conservadora- en el período 2017- 2025, manteniendo razonablemente el Marco Fiscal de Mediano Plazo, nuestro PIB debería crecer por encima del 5% promedio anual. Discutible que lo logremos con la perspectiva que hoy tenemos. Pero son muchas las voces que dicen que si nos aplicamos estratégicamente y con visión de largo plazo al desarrollo rural integral, la situación podría ser más optimista. La Universidad Eafit señala que si el 72% de los costos del posconflicto se destinan a la acumulación de capital productivo agrícola, ello permitiría duplicar la productividad del sector en cinco años. Estamos hablando de inversión en vías terciarias, riego, asistencia técnica, educación pertinente. Calculan el impacto de tales inversiones sobre el crecimiento del PIB en cerca de 0,3% promedio anual. Pero, adicionalmente, tal contexto atraería mayor inversión privada, ampliación de la frontera agrícola, el empleo y los consumidores. Círculo virtuoso, que sería la base de un crecimiento mayor y de largo plazo.

Pero, además de la inversión pública señalada, es necesario que otras políticas públicas rurales vayan en sincronía con el desarrollo del campo. Particularmente, se vuelve crítico el enfoque de la ley de tierras. Y, hasta ahora, la propuesta es deficitaria desde esta óptica.

En el proyecto de ley “Por el cual se adoptan disposiciones de Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales y se dictan otras disposiciones”, la mención a la productividad de la tierra es casi inexistente. Y, en consecuencia, sus disposiciones no reflejan las dinámicas productivas de los actores, que teniendo tierra, o que han logrado hacer de la misma el factor menos determinante, son el pilar fundamental del desarrollo agrícola.

Resulta imperioso que quienes trabajan hoy el campo con éxito, individual, colectivamente o mediante arreglos agroindustriales, sientan que son actores fundamentales. Pequeños, medianos y grandes productores deben tener claro que todos caben.

El respeto a la propiedad ya existente, incorporada a la producción o el estímulo para que se integre con decisión a la actividad productiva, no debe dar lugar a dudas en el proyecto del Gobierno. La propuesta necesita, más allá de algunas precisiones frente a la inexplotación de los predios, más vasos comunicantes con el desarrollo rural y la productividad.

Sobre otros factores determinantes de una dinámica cierta de desarrollo rural integral, invito a los lectores a que estudien el comunicado público que, sobre la política de sustitución de cultivos de uso ilícito (www.ideaspaz.org), presentó un grupo de organizaciones y centros de pensamiento de reconocido prestigio y que han apoyado los acuerdos de paz. De manera crítica, pero, al mismo tiempo, responsablemente propositiva, examinaron el desarrollo de dicha política y los riesgos a la posibilidad de asegurar las transformaciones profundas que requiere el campo colombiano. Estamos a tiempo de que el gobierno examine, al más alto nivel, estas recomendaciones. En un tema tan complejo, los errores se pagan muy caro.