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Resulta deprimente hablar de la horrible crisis que atraviesa la justicia, pero es ineludible referirse a él.

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Resulta deprimente hablar de la horrible crisis que atraviesa la justicia, pero el tema es de tal trascendencia y repercusiones en el futuro del país que es ineludible referirse a él. Decía en una columna anterior, que una de las fórmulas más obvias es el de una constituyente que haga lo que el Congreso no ha podido realizar, pues cuando el tema ha llegado al Parlamento son tan fuertes los intereses y las presiones sobre los congresistas que las reformas terminan en un rotundo fracaso.
El problema de una constituyente es que, como ya se sabe, no hay posibilidad de limitarla en su alcance, y lo que puede comenzar como un esfuerzo bien intencionado para reformar algo tan crítico como el Poder Judicial, rápidamente puede ser tomada por todos los que tienen intereses propios. Intereses que van desde la reelección eterna de algún político mesiánico hasta los cambios de fondo en el sistema de organización de nuestra sociedad que, seguramente, buscarían esos exguerrilleros que ya aparecen en las últimas encuestas con más favorabilidad que las instituciones de la justicia.
Y no es gratis esa calificación que le da la ciudadanía a nuestro sistema judicial cuando es evidente que, al menos un sector importante de este, fue tomado por grupos mafiosos que llegaron a las más altas dignidades de la rama para volverlas algo completamente indigno. Sin la menor duda, son muchos los jueces probos y honestos que cumplen con su función como se esperaría de ellos, pero es también cierto que son verdaderas asociaciones para delinquir las que se han tomado sectores muy importantes de la Rama Judicial. Las causas de esta tragedia son muchas y hay algunas de fondo que no van a tener solución en el corto plazo, como es el desprestigio a que llegó la profesión de juez, que ha venido ahuyentado a los jóvenes más destacados, o la poca atención que dan las mejores facultades de Derecho a formar servidores públicos de la justicia. Esto tomará tiempo y requiere un esfuerzo colectivo bien importante, pero también es cierto que en lo inmediato hay algunos asuntos muy relevantes cuyas modificaciones pueden contribuir de manera significativa a salir de este pantano.
Dos temas claramente identificados son el de la conformación de un tribunal de aforados que de verdad imparta justicia y sancione a los altos funcionarios del Estado que transgredan la ley, y aislar a los jueces de las funciones electorales y de nombramientos de funcionarios en otras ramas del poder.
Puede ser que en un futuro lleguemos a la conclusión de que la única opción para reformar la justicia es la constituyente, pero no se puede olvidar que hay opciones más expeditas y oportunidades para aprovechar. Y una de ellas es el mecanismo del fast track, que puede ser usado para este propósito. Difícilmente, se podrá dar cumplimiento a los acuerdos de paz con una justicia como la actual, pero, además, aprovechar la posibilidad que se plantea para hacer el cambio, le estaría haciendo una contribución verdaderamente histórica a Colombia.
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