Prioridades

Después de una caída en los precios del petróleo y el carbón de las dimensiones observadas, sería absurdo pretender que el Estado pudiera seguir con el nivel de gasto que traía desde que Colombia se había comenzado a perfilar como un país minero y petrolero. Exenciones tributarias de diverso tipo y subsidios por doquier en los dos últimos gobiernos, montó a la nación en un nivel de gasto a todas luces insostenible. Sin duda hay que destacar que ante un deterioro en los recursos de esas dimensiones se haya podido atravesar el chaparrón, con lo se podría llamar un ‘aterrizaje suave’, pues si bien hay dificultades, el ritmo de actividad y estabilidad económica han hecho manejable esta transición. Es evidente, sin embargo, que lo hecho no es suficiente, y son impostergables dos tipos de acciones: elevar los ingresos, eso se llama reforma tributaria, y bajar los costos, que no es otra cosa que reducir el gasto público.

En ambos frentes se están anunciando acciones por tomar, y el gobierno está mostrando una actitud responsable en su gestión. Cuando los recursos son escasos es obvio que es fundamental establecer prioridades y ellas deben ser coherentes con lo que son las necesidades estratégicas del país. Pues bien, si hay algún tema que opaca todos los demás en este momento es el del posconflicto, y nadie duda que el éxito de esta etapa tiene una estrecha asociación con la problemática rural, pero, además, el mundo sigue creciendo y demandará alimentos y materias primas de origen vegetal, y no son muchos los países con el potencial de crecimiento de Colombia. Todo esto, en términos simples, quiere decir: prioridad al campo.

Desarrollar el campo requiere, sin duda, de estabilidad jurídica, un tratamiento tributario que busque la formalización, y que reconozca las particularidades de las actividades agropecuarias, pero, sobre todo, necesita incrementar de manera importante la oferta de bienes públicos. Y no estamos hablando de subsidios, sino de temas como investigación, extensión rural y asistencia técnica, información agroclimática, vías, educación, acceso a la salud, entre otros. Como bien lo ha dicho Rafael Mejía, presidente de la SAC “en Colombia hay mucha tierra y poco Estado”. Y la presencia del Estado se logra es con recursos.

Resulta, entonces, incomprensible que en el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno al Congreso, se recorten los recursos del sector de forma brutal. Que las tres agencias nuevas que creó el gobierno para el manejo del sector rural, por solo mencionar un ejemplo, reciban 39 por ciento menos de dinero que el antiguo Incoder el año pasado, dice mucho de la inconsistencia que en materia de prioridades tiene el proyecto presentado.

Nadie discute que es necesario reducir el gasto, pero la orientación de un esfuerzo decidido hacia el sector rural debe ser explícita. Es posible que en los presupuestos de otros ministerios haya fondos que pueden ir al campo, pero esto debe quedar definido de manera explícita y no solo en un enunciado teórico. El Congreso tiene una tarea importante para corregir esta situación.

Consultor privado

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