Al debe

El Ministro de Hacienda ha presentado un proyecto de presupuesto general de la Nación que, dicen, refleja la austeridad que el momento requiere y que debe cubrir apenas los gastos necesarios para que el Estado colombiano funcione sin inconvenientes mayores. La nada despreciable suma de 224 billones de pesos se gastará en educación, defensa, salud, justicia y pensiones de manera prioritaria. Pero, lo primero que llama la atención y que ningún analista ha señalado como preocupante -por decir lo menos-, es que 54,3 billones serán destinados al servicio de la deuda pública.

Ningún rubro del presupuesto vale tanto ni está tan fuera del control de las autoridades económicas. Es el obvio resultado de que la deuda pública externa se ha más que duplicado en los últimos ocho años. Y con la fuerte devaluación del peso colombiano, esta se hace cada vez más onerosa y expone al país peligrosamente en caso de una crisis cambiaria.

Desde finales del 2011, según el Emisor, la deuda interna del Gobierno Nacional Central, representada en títulos de tesorería, ha crecido más de 80 por ciento. Equivale a decir que la deuda interna se ha casi duplicado en menos de cinco años, luego de 200 años de historia republicana. Se evidencia que el Estado, ante el impedimento de obtener créditos de emisión del Banco de la República, tiene su propia máquina de imprimir dinero, con el fácil expediente de sacar títulos de deuda al mercado, compitiendo con el sistema financiero por los recursos del ahorro público, atizando la espiral creciente de las tasas de interés. Debe haber prudencia y moderación: esta peligrosa práctica produjo la más profunda recesión de la historia económica del país en 1999, luego de que los exministros Perry y Ocampo cometieron la indiscreción de emitir títulos a muy largo plazo, a tasas impagables, para mantener a flote al cuestionado régimen del momento.

El presupuesto está por ahora extremadamente desfinanciado: estima gastos de 224 billones de pesos contando solo con ingresos de 134 billones. Admitir de entrada que el Gobierno gastará casi el doble de sus ingresos, implica que vendrá aún más endeudamiento. Y esta espiral es insostenible en el corto plazo. El presupuesto, además, está montado sobre supuestos irreales de producción petrolera de 913 mil barriles de petróleo al día (está por los lados de 850 mil) y precios por barril de 47 dólares (ya se acerca a 40).

Y falta hablar del famoso posconflicto, gastos que no han sido cuantificados ni incluidos en las cuentas presentadas al Congreso.

¿Cómo se va a evitar un problema de gigantescas proporciones? Se cuenta, por ahora, con una reforma tributaria que denominan ‘estructural’. Piensan que el incremento del IVA a 19 por ciento y otros menores ajustes salvarán la situación. Nada se habla de penalizar la evasión, disminuir y recortar muchos beneficios tributarios que permiten que una ministra gane casi mil millones de pesos y que pague menos de 2 por ciento de impuestos sobre ellos, o que otra ministra reporte que solo tiene un patrimonio de 160 millones de pesos, en una declaración bajo la gravedad de juramento, y que esto no suscite siquiera una investigación.

La verdadera reforma estructural no será esta, ni hay voluntad para presentarla.

Economista

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