En defensa de la Constitución
La Carta del 91 no es perfecta, pero es el mejor marco democrático que ha tenido Colombia.
PERIODISTA ESPECIALIZADA EN TECNOLOGÍAActualizado:
Me gustó mucho la defensa de la Constitución de 1991 que hizo recientemente el presidente de la Corte Constitucional. Esta Constitución representa uno de los mayores logros democráticos en la historia de Colombia. No fue impuesta desde el poder, ni redactada por un grupo de dirigentes, sino que nació de un amplio proceso participativo, pluralista y representativo de la diversidad del país. Se trató de un pacto nacional por la paz, la reconciliación y la inclusión, que buscó superar las heridas del conflicto, modernizar las instituciones y garantizar los derechos fundamentales de los colombianos.
Surgida en un momento de crisis política y social —marcado por la violencia, el narcotráfico y el descrédito del sistema político tradicional—, la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada en 1990 a través de una iniciativa ciudadana: La séptima papeleta.
En ella participaron sectores como indígenas, afrocolombianos, estudiantes, minorías religiosas, sindicalistas, empresarios, víctimas del conflicto y exguerrilleros desmovilizados. Fue una Constitución construida por muchos, para todos. Muy distinto a la actual propuesta de constituyente de Petro, nacida de la polarización y la división de la sociedad colombiana propiciada desde el gobierno.
Desde su promulgación en 1991, la Carta Política marcó un giro hacia una democracia más participativa, garantista y moderna. Entre sus múltiples avances destacan la creación de la acción de tutela, un mecanismo ágil y directo para proteger los derechos fundamentales, que ha transformado la vida de millones de colombianos al hacer efectiva la justicia social y constitucional.
Otro logro fue la creación de la Fiscalía General de la Nación, que reemplazó al ineficaz sistema de instrucción criminal anterior, dándole al país un ente acusador independiente, profesional y dotado de herramientas para combatir la impunidad. También se consagró la autonomía del Banco de la República, protegiendo la política monetaria de las presiones políticas y asegurando la estabilidad económica del país.
La Constitución del 91 también estableció un sistema de pesos y contrapesos más robusto entre las ramas del poder público -que hoy ha funcionado- fortaleció la Corte Constitucional como garante de los derechos fundamentales y promovió la descentralización administrativa, abriendo espacio para que regiones, departamentos y municipios ejercieran mayor control sobre su destino.
Sin embargo, hoy este pacto democrático está en riesgo. La idea de convocar una nueva constituyente bajo argumentos ideológicos o sin un consenso nacional, amenaza con desmontar las conquistas de más de tres décadas. Reescribir la Constitución sin el espíritu participativo y plural que la originó es desconocer el valor histórico de 1991 y abrir la puerta a la concentración de poder y la erosión de nuestras libertades.
Colombia no necesita una nueva constitución. Necesita cumplir y fortalecer la que ya tenemos. Necesita un gobierno serio y eficiente. Necesita instituciones que funcionen, jueces independientes, partidos responsables, y un liderazgo comprometido con el bien común, no con ambiciones personales. La Carta del 91 no es perfecta, pero es el mejor marco democrático que ha tenido Colombia.
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