Desafíos pensionales
La informalidad en la tercerización y la flexibilización en el mercado laboral son algunos de los el
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Sin embargo, sobresale una brecha cultural: los individuos evaden la responsabilidad de la cotización. Esta consideración hace más compleja la intervención y reforma al sistema pensional.
Recordemos que el objetivo de estas estructuras es asegurar seguridad económica y bienestar en el largo plazo, sustentado en criterios de solidaridad, eficiencia y sostenibilidad. El hecho es que la realidad macro condiciona la sostenibilidad de estos modelos, por la desbalanceada proporción que tiene la relación contribución-subsidio.
La salida fácil a esta situación ha sido plantear la solución como un asunto de longevidad, extendiendo los periodos de cotización de las mismas bases poblacionales activas. Reactiva y paliativa, esta medida no resuelve el problema estructural, donde el desempleo y la informalidad restringen el flujo de recursos frescos y la ampliación real de la cobertura.
En términos meso, la administración privada en Colombia ha sido confiable; la democratización de la propiedad a través del ahorro público es la protagonista del mercado bursátil -pues tiene en promedio una participación accionaria del 15 por ciento en las grandes empresas-, pero las AFP están llegando a límites reglamentarios en su capacidad de inversión en renta variable.
Ahora, entra en vigencia el régimen multifondos, cambiando la filosofía en la administración micro del sistema, ya que extiende el esquema operacional de las pensiones voluntarias hacia las obligatorias y cesantías, donde las decisiones de inversión son responsabilidad de cada persona.
Esto supone un riesgo, en tanto que empoderar en forma efectiva implica generar una cultura de ahorro e instruir en competencias financieras básicas, donde los ciudadanos interpreten de manera consciente las alternativas de inversión, su riesgo y rentabilidad; entiendan qué es la diversificación y conozcan sus expectativas e intereses, su actitud y exposición ante el riesgo.
Es fundamental concentrar esfuerzos para estimular el acceso y el adecuado uso de estos servicios de administración pensional, para absorber a la población excluida, financieramente analfabeta e interdicta para el sistema, que busca refugio en mecanismos ilegales, como el agio y las pirámides, para captar y colocar recursos.
Es preciso el concurso de las instituciones de pensiones, financieras y educativas, sindicatos y empleadores, cámaras de comercio, cajas de compensación y el Sena, aprovechando sinergias ante este objetivo común con responsabilidad social.
La seguridad social debe salir de cuidados intensivos, preservando la institucionalidad. Persiguiendo ideales de concertación, el nuevo Gobierno no debe dilatar intervenciones que deben tener aplicación expedita e impactos certeros que, en cualquier caso, no tendrán efectos inmediatos.
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