¡Doblemente víctimas!

Nada más cómodo, sin embargo, que juzgar una conducta cuando se miran los toros desde la barrera o e

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Seguramente, la propuesta del Ministro de Defensa para penalizar a quienes pagan extorsiones no alcanzará siquiera a radicarse en el Congreso de la República, pues carece de asidero constitucional y, desde el punto de vista sociológico, es perfectamente inconsecuente con la realidad que nos circunda.
No obstante, Rodrigo Rivera fue claro al afirmar que "a quien siga pagando extorsiones, así sea microextorsiones, no lo vamos a considerar víctima, sino auxiliador de las bandas criminales".
Algunas ONG y otros dirigentes sociales concuerdan con la tesis de que los empresarios, comerciantes y pequeños agricultores que han tenido que pagarle a los violentos no son más que detestables y espontáneos financiadores de estos grupos que alimentan con sus dádivas el accionar delincuencial de organizaciones al margen de la ley.
Nada más cómodo, sin embargo, que juzgar una conducta cuando se miran los toros desde la barrera o examinar el fenómeno ahora que existen más condiciones de seguridad que hace una década. Reto a la inmensa mayoría de lectores a que me diga si no conoce por lo menos un caso de familiares o amigos que hayan tenido que pagar una o varias 'vacunas' a los 'paras', a las Farc, al Eln, a las 'bacrim' o a todas juntas. Aún más, si es que acaso no han vivido en carne propia una 'extorsión' en la vida.
Es verdad que gracias a la política de Seguridad Democrática los índices de 'boleteo' o chantaje vienen en franco descenso, pero así como es imposible afirmar que hemos llegado al 'fin del fin' de esta absurda guerra, resulta obtuso creer que ya no existen violentos que usen la repudiable herramienta de la extorsión.
Recientemente, el DAS publicó un estudio en el que revela que grupos ilegales exigen entre 3 y 10 mil millones de pesos diarios a tenderos y conductores, y que se han reportado más de 1.098 casos de extorsión en los últimos 18 meses. El 60 por ciento de ellos es cometido por delincuencia común y un 25 por ciento por la guerrilla de las Farc.
Esa culebra también sigue viva, señor Ministro, y no habrá cárceles suficientes para castigar a quienes ahora quieren victimizar doblemente. Además de ser mártires de los delincuentes que los azotan, serían ahora flagelados por el Estado que los condena. ¿Su delito? Ejercer la única acción posible para salvaguardar sus vidas: pagar una extorsión.
En el caso de las empresas nacionales y las compañías extranjeras que desarrollan su actividad económica en Colombia, existe un mayor nivel de responsabilidad que el de cualquier particular, pues no sólo se trata de permitir que sus negocios fluyan y sus instalaciones se mantengan, sino que, además, deben velar por la seguridad integral de sus empleados. No pagar una extorsión es sinónimo de poner en riesgo la vida de todos los trabajadores, como lo hemos visto ya tantas veces.
¡Claro que hay que denunciar!, pero aun haciéndolo, la extorsión es un mal que todavía excede la capacidad de reacción de nuestras autoridades. El debate es para darlo y será la hora de hablar con sinceridad y entender que una inmensa porción de nuestros comerciantes y empresarios han sido víctimas y no victimarios.
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