Primer empleo: enfoque adecuado, medidas insuficientes

En Colombia, el desempleo y la informalidad son fenómenos estructurales; uno y otro se mantienen en niveles elevados, incluso en la parte alta del ciclo económico.

Durante el periodo 2000-2009, Colombia tuvo la tasa de desocupación promedio más alta de América Latina. Además, el país tiene una cifra de informalidad muy alta para su nivel de ingreso por habitante, y elevado en comparación con otros Estados de la región.

El proyecto de ley de primer empleo y la reforma tributaria, en discusión en el Congreso, consiguen importantes avances y deben ser tramitadas cuanto antes, pero serían deseables cambios más profundos que ataquen problemas estructurales.

Una estrategia de formalización y de reducción del desempleo exitosa en el país debe tener en cuenta dos consideraciones: 1. El mercado laboral colombiano muestra una importante segmentación que afecta, principalmente, a los empleados no calificados y a los jóvenes, lo que requiere intervenciones directas al mercado laboral y modificaciones a la estructura de financiación de la protección social con base en impuestos laborales; 2. Deben reducirse los costos de la formalización de las empresas y al mismo tiempo aumentarse los beneficios, con lo que se elevaría la productividad de la economía.

Evidentemente, estas dos estrategias se encuentran relacionadas, y los mecanismos para enfrentar tanto la informalidad laboral como la empresarial, están vinculados.

Por lo tanto, cuando en el proyecto de ley se especifica la deducción en el impuesto de renta de los pagos de los 13 puntos porcentuales de gravamen puro a los empleos creados para los menores de 25 años, también debería hacerse para los puestos de trabajo nuevos creados para los trabajadores que ganan un salario mínimo (y sobre el exceso hasta 1,7 salarios mínimos), pues es un segmento particularmente afectado por el desempleo.

Dado que la propuesta es sobre empleos nuevos, el costo fiscal es reducido y, puesto que se descontaría los pagos del impuesto de renta, el Sena y el Icbf, seguirían percibiendo el mismo monto que actualmente reciben.

La reforma tributaria por la competitividad contempla la eliminación de la deducción por inversiones en activos fijos a partir del próximo año. Esta medida generaría recursos por 0,8% del PIB, que podrían orientarse a compensar cualquier efecto fiscal de esta medida o a descuentos tributarios sobre empleos existentes con salarios cerca al mínimo.

Los elevados costos laborales no salariales no sólo afectan la tasa de informalidad laboral, sino que también perjudican la formalización empresarial. La informalidad empresarial se debe a los altos impuestos al empleo formal, altos costos de registro y bajos beneficios de ser formal. En este sentido, la medida contemplada para exonerar del pago del registro mercantil a las empresas durante unos años para estimular su formalización resulta adecuada.

Aunque se han hecho avances en términos de simplificación de los procedimientos tributarios y de registro, estos nunca son suficientes, como muestra el estancamiento de Colombia en el Doing Business.

Son adecuadas las medidas propuestas de eximir y reducir los costos del registro mercantil y del impuesto de renta para los primeros años y la simplificación de los procedimientos. Sin embargo, la revisión integral del sistema tributario es un tema pendiente que afecta la competitividad del país y genera asignaciones que no son eficientes.

En cuanto a las posibilidades del actual proyecto de ley, deben considerarse menores costos permanentes en el registro mercantil de las empresas con menos de 10 trabajadores. En este sentido, se propone que para las empresas que se formalicen, la gradualidad en el pago llegue hasta un tope que dependa del número de empleados. Dicho límite podría ser de 40%, para las empresas con menos de 3 trabajadores y de 70%, para aquellas con menos de 5.