Revaluación, ¿quién es el responsable?

Colombia enfrenta un dilema; por un lado es una nación con ingentes necesidades sociales y rezagos en sectores que resultan determinantes para el desarrollo, y por el otro, comienza a preocupar el efecto que tienen una eventual bonanza minera sobre el resto de los sectores de la economía.

El problema es que estos dos retos requieren esfuerzos contrarios, porque un peor balance fiscal genera presiones sobre la tasa de cambio, y es el sector público el que debe absorber los mayores flujos de inversión extranjera.

El país presenta indicadores fiscales, que en términos comparativos son preocupantes; sus ingresos corrientes no son suficientes para financiar sus gastos corrientes desde 1991, en el 2010 y el 2011 el sector público tendrá el peor balance de América Latina, y fue el único país de las siete economías más grandes de la región que tuvo durante el auge un balance primario negativo en el Gobierno Central.

Mucho se ha dicho en los últimos días sobre el papel del Banco de la República en el control de la revaluación. Sin embargo, el país debe aumentar su tasa de ahorro o seguirá teniendo revaluación, y es el Gobierno el principal responsable.

Lo anterior no quiere decir que el Emisor no tenga cierto espacio para intervenir en el mercado cambiario, incluso en una cifra muy superior a los 20 millones de dólares diarios. Quiere decir en cambio que es de vital importancia la programación del ajuste fiscal del Gobierno que debe sopesar las necesidades de corto plazo en materia social y de inversión, con el costo que tiene la revaluación.

En esta medida es una buena noticia que el Gobierno y el Congreso decidieran mantener el monto del presupuesto, aumentar en sólo 0,2 por ciento del PIB el déficit frente a lo originalmente planteado, y reducir los gastos de funcionamiento para financiar una mayor inversión.

El país debe apuntarle a una estrategia de aumentos en productividad con un gasto fiscal altamente eficiente, siendo esta la mejor estrategia posible para enfrentar el dilema entre necesidades y auge. Los gastos de inversión aumentaron 3,17 billones, 2 billones de menores pagos por amortizaciones, y 1,17 por reasignación de gastos de funcionamiento.

El país no sólo debe hacer el ajuste fiscal necesario para evitar la profundización de la enfermedad holandesa, sino que debe reasignar recursos a aquellos sectores que den mayores réditos económicos. Por lo tanto, la radicación del proyecto de ley de la regla fiscal que obliga a un balance estructural de -1,5 por ciento del PIB para el Gobierno Nacional y un aumento en el presupuesto de inversión de 16 por ciento, es el reflejo del dilema que enfrenta el gobierno entre el ajuste y la satisfacción de necesidades.

El éxito de la estrategia fiscal dependerá de los rubros a los que se les asigne el presupuesto, la reducción de los gastos de funcionamiento, el aumento de la inversión, y la credibilidad del Gobierno en la programación del ajuste fiscal.

La inversión en ciencia y tecnología y educación (de la cual Familias en Acción hace parte) tiene efectos de largo plazo que son vitales y no se pueden sacrificar por objetivos de corto plazo. El atraso del país en infraestructura y en el ramo agrícola son probablemente los principales cuellos de botella para el desarrollo. En este sentido es adecuado aumentar entre el 2010 y el 2011 el presupuesto de inversión del sector transporte en 36,5 por ciento, de comunicaciones en 22,3 por ciento, y agropecuario en 23,1 por ciento.

Por lo tanto, se requiere un ajuste, y el Gobierno está comprometido con el mismo, los recursos adicionales provenientes del sector minero deberán ser usados, en cierta medida, para ayudar al ajuste, pero hay necesidades que el país requiere, y gobernar es priorizar, pero también es encontrar un equilibrio.