Sistema de salud, equipo renovado, visión acertada

El Gobierno del presidente Santos goza de una gran oportunidad para establecer los consensos entre los diferentes agentes y volver realidad esas iniciativas que son vitales para la sostenibilidad del sistema, y para asegurar el acceso y la calidad de los servicios de salud.

El tema de la salud pasó durante los últimos meses por una especie de 'calma chicha', producto de la expectativa sobre el proceso electoral y a la espera de las designaciones que el Presidente de la República hiciera en los más altos cargos del sector.

Sin embargo, la situación de la salud sigue siendo compleja y más después de la respetada, pero lamentable, decisión de la Corte Constitucional, al declarar inexequible el decreto de Emergencia Social expedido por el Gobierno anterior en diciembre del 2009.

 Se reconoce que las dificultades estructurales continúan pendientes de corregir, a pesar de la Ley 1393 de junio pasado que alivió la carga para el sistema, al preservar los nuevos recursos financieros obtenidos al amparo de aquellos decretos de emergencia (lo único que el fallo de la Corte preservó de esta última).

Una vez posesionados los excelentes funcionarios nombrados por el presidente Santos, como el Ministro de la Protección Social y la Viceministra de Salud y Bienestar Social, los agentes del sistema hemos tenido la oportunidad de escucharlos en un par de foros, donde han presentado los lineamientos generales de las prioridades del presente Gobierno Nacional en la materia.

Los funcionarios que llegan están al tanto de la situación del sistema de salud. Lo han investigado a fondo o han trabajado en él en diversos escenarios directivos. Saben de la satisfacción y de las inquietudes expresadas por los ciudadanos. Conocen el desequilibrio en la cobertura a favor del régimen subsidiado, al igual que los recobros excesivos por aquellos servicios de salud no cubiertos por el POS, lo cual pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.

Tienen presente que el salario mínimo está condenando a la informalidad a miles de compatriotas y que se requiere revisar algunas de las cargas salariales, para que esa informalidad no continúe además afectando el equilibrio financiero del sistema general de seguridad social.

Estoy muy de acuerdo con las medidas prioritarias que han sido planteadas por la nueva administración del Ministerio de Protección Social para el sector salud. Apuntan en la dirección correcta para solucionar las necesidades que este tiene.

Formalizar el empleo; conseguir más recursos financieros para la salud; unificar los existentes y simplificar las fuentes; reajustar la compleja arquitectura financiera que existe en el sistema; mejorar el flujo de los recursos; permitir la portabilidad del seguro entre subsidiado-contributivo; reasignar la contratación y consolidar el giro directo en el régimen subsidiado; legitimar socialmente la reestructuración del POS unificado; controlar el gasto en medicamentos; buscar mayor calidad en la prestación de los servicios; establecer orden a la salud pública bajo el liderazgo del nivel nacional, y fortalecer y especializar la vigilancia y el control a los diferentes agentes del sistema. Esas son algunas de las medidas.

La preocupación que subsiste es que con dichas determinaciones se sentirán amenazados intereses políticos, económicos y de otro orden subalterno, que seguramente se manifestarán y se harán evidentes otra vez en el Congreso de la República en el momento en que se reactiven las discusiones. Lo anterior fue advertido desde esta columna cuando se discutieron los decretos expedidos por el anterior Gobierno al amparo de la Emergencia Social.

El Gobierno del presidente Santos posee una amplia gobernabilidad para sacar adelante esas reformas necesarias. Goza además de una gran oportunidad para establecer los consensos entre los diferentes agentes y volver realidad esas iniciativas que son vitales para la sostenibilidad del sistema, y para asegurar el acceso y la calidad de los servicios de salud.