Subsidios condicionados

La política educativa de varios países en desarrollo ha utilizado esquemas de incentivos para retener a los estudiantes en los planteles o para inducir a educarse a quienes estaban fuera del sistema, trabajando o para no ir más lejos, delinquiendo. En general, los esfuerzos han valido la pena, y salvo los problemas en calidad, la cobertura educativa ha ido en aumento.

Colombia no ha sido ajena con ejemplos como Bogotá. Sin embargo, siempre ha existido un debate ético sobre utilizar 'subsidios' o 'sobornos' para suplantar la motivación intrínseca por aprender, por los efectos adversos sobre la rentabilidad social de la educación. Ahora que se promueve la iniciativa de pagar por 'colaborar' a las autoridades, siguiendo la misma línea de propuestas de una seguridad prepago, la situación no es menos polémica y merece la pena un debate no polarizado.

Hace algunos años, Antanas Mockus propuso la 'croactividad' como una herramienta de control social dentro de su política de 'educar al ciudadano'. En su momento, dicha propuesta parecía curiosa por no decir 'circense' para muchos de los colombianos de aquella cultura que confunde valores tan simples como la complicidad y la lealtad. Hoy, en cambio, la aceptación que ha recibido la medida, es más fruto de la miopía cortoplacista que de un juicio racional sobre sus efectos para los adultos del futuro. En su momento, la propuesta era a la sociedad entera y sin remuneración monetaria directa, hoy es una contraprestación por su servicio a la causa o a la patria.

Los jóvenes deben vincularse al conflicto, porque es su responsabilidad histórica con la patria; parece ser la máxima que justifica dicha política. No sería más conveniente vincularlos indirectamente; inculcándoles la importancia del respeto por los demás, de comprender a las minorías, de acatar las reglas, de entender la importancia de la educación para ampliar su conjunto de libertades y estar preparados para un mejor futuro, de respaldar de una manera crítica las instituciones y, denunciar objetiva y desinteresadamente todo tipo de actividad perjudicial, provenga de donde provenga. Este tipo de política educativa complementaría la acumulación de conocimientos y fortalecería otros valores fundamentales como la solidaridad, el respeto y la integridad.

Preocupa que ahora los jóvenes sustituyan sus quehaceres académicos para hacer los policivos y enfrascarse en una búsqueda de dinero hoy sacrificando su bienestar futuro, y que en un par de décadas nos estemos preguntando por el bajo nivel educativo y de ausencia de investigación en ciencia y tecnología sin encontrar respuesta ni responsabilidad histórica, cuando los resultados en materia de generación de empleo y de oportunidades para los jóvenes empiezan a cuestionar la política laboral de la última década. La mejoría en los indicadores de orden público debe acompañarse de programas que evidencien la importancia de la educación por encima de cualquier tipo de corrupción, ya que de lo contrario no habrá incremento en el gasto público militar que valga para convertirnos en una sociedad muy próspera, donde el ¡Varela, es un sapo!, no sea la máxima con la que se segrega y se discrimina a quienes cumplen las reglas, creen en la educación y respetan al otro.

Dejemos a los muchachos de la 'U', -claro los universitarios, no malinterpreten- con sus deberes académicos y con su responsabilidad en las aulas y no con las armas.

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