Tierra, agua, naturaleza y buen gobierno

El discurso del presidente Santos el 7 de agosto fue clarividente y visionario sobre la importancia del medio ambiente en Colombia y en el mundo. Citando la cosmovisión de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, frente a las cuales se había posesionado esa misma mañana, el declaró que "tierra, agua, naturaleza y buen gobierno" serían los principios fundamentales de su administración.

Son palabras que reiteró en el lanzamiento del documental 'Océanos' en Bogotá: "tengo el compromiso de que el Gobierno sea respetuoso con el medio ambiente". Para asegurar una plena consistencia entre las palabras y el desempeño del nuevo Gobierno, compartimos tres propuestas puntuales para informar la coyuntura actual: I) sobre las regalías; II) sobre el ordenamiento territorial; y III) sobre el seguimiento al Pacto Ambiental Colombiano, firmado por el Presidente durante su campaña electoral.

Las regalías provienen de la explotación de los recursos naturales no renovables, donde la extracción causa un daño ambiental significativo en el territorio nacional, y cuya eventual combustión implica un aumento en la cantidad mundial de gases de efecto invernadero contribuyentes al cambio climático. Por lo tanto, y consistente con el aserto del economista británico Nicholas Stern, en cuanto a que "el cambio climático es la falla más grande del mercado en la historia de la humanidad", proponemos que un mínimo de 10% de las regalías tenga una vocación ambiental en la nueva ley.

Planteamos cinco temas principales para estos recursos: 1) el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, hoy gravemente subfinanciado; 2) la gestión integral del recurso hídrico, en los ríos, las cuencas y los mares; 3) adaptación al cambio climático; 4) Redd - Pagos por Servicios Ambientales / medidas para reducir la deforestación; y 5) la gestión ambiental de cada ministerio (Ambiente/Desarrollo Sostenible; Minas; Agricultura; Vivienda; Infraestructura; Relaciones Exteriores).

Hacemos la precisión: este 10% sería distinto del 10% contemplado para ciencia y tecnología. La segunda recomendación es que la responsabilidad gubernamental para el 'ordenamiento territorial' tiene que quedarse con el revivido Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El proceso de transición entre el al actual y los nuevos -un proceso a cargo de la ministra Beatriz Uribe- parece favorecer otro concepto, bajo lo cual la responsabilidad para el ordenamiento territorial quedaría con Vivienda. Para cumplir con el discurso presidencial y los principios del buen gobierno, esto no es aceptable.

El Ministerio de Ambiente en el país más megadiverso del planeta tiene que tener la última palabra sobre el ordenamiento y desarrollo territorial de la Nación.

Por último, sugerimos que el presidente Santos establezca una alta comisión presidencial responsable por el cumplimiento del Pacto Ambiental Colombiano, promovido de forma inspirada por la ministra de Ambiente, Sandra Bessudo, durante los últimos meses.

Cumplir con el espíritu y la letra del Pacto, como con su discurso, implicará un esfuerzo mancomunado y sin precedentes entre todos los ministerios de este excelente Gobierno, y no sólo el sector ambiental. La alta comisión sería una instancia propositiva, visionaria, pero con dientes -y responsable por rendirle cuentas tanto al Presidente como a todos los colombianos.

El reto de asegurar la consistencia con el medio ambiente es enorme -pero con buenas políticas, mucha claridad, recursos serios y un liderazgo inspirado, todo es posible.