En el ecosistema político actual, la batalla se libra en el espacio digital, donde la velocidad de un post puede desvirtuar o afianzar la teoría de un juicio, e incluso puede tener más impacto que una sentencia judicial, y la viralidad de un video puede eclipsar el trabajo legislativo de años.
En Colombia, donde más del 60% de los ciudadanos se informan principalmente a través de redes sociales, la construcción de narrativas digitales se ha convertido en una herramienta estratégica tanto de gobernanza como de manipulación.
El actual gobierno ha entendido esta dinámica y ha desplegado una red digital financiada con recursos públicos, en la que influenciadores, contratistas de comunicaciones y medios alternativos forman parte de una estructura de propaganda orientada a moldear la percepción ciudadana. No se trata solo de bodegas automatizadas: hay toda una arquitectura diseñada para validar un discurso hegemónico, deslegitimar a la oposición y distorsionar el debate público. La asignación de contratos a influenciadores durante estos años de gobierno no es un capricho, sino una estrategia calculada.
Pero, así como la tecnología ha sido cooptada por el poder, también ofrece herramientas para la resistencia. La respuesta no debe ser replicar la lógica clientelista con nuevas bodegas ciudadanas. La respuesta debe ser técnica, ética y organizada. Se requiere la consolidación de una red de inteligencia colectiva: ciudadanos con criterio, con capacidad de verificar fuentes, analizar datos, identificar narrativas engañosas y contrarrestarlas con evidencia.