Transformación digital y el derecho

En estos días hemos sido testigos de la controversia que se ha presentado en el ámbito de los servicios de transporte y de alojamientos turísticos, que hoy forman parte de lo que se conoce como la economía colaborativa, cuya reglamentación tiene entusiastas y detractores.

En el campo del transporte han sido los taxistas profesionales los que se han opuesto en Colombia y en la mayor parte de los países del mundo a este tipo de servicios, como Uber, quienes los consideran como una forma de competencia desleal. Por su parte los clientes o usuarios se muestran muy satisfechos por su puntualidad, limpieza y calidad.

Sobre los alojamientos turísticos son los hoteleros y los vecinos los que se quejan pues sufren la molestia diaria de ocupantes nuevos, ocasionales, y, a veces, ruidosos, que usan plataformas como Airbnb, frente a los propietarios de la vivienda que se benefician de ingresos adicionales.

Estas transformaciones, al margen de la pérdida de puestos de trabajo que puedan suponer, implican también un cambio en las relaciones de trabajo o su desaparición y transformación en relaciones mercantiles, cualquiera que sea su calificación.

La cuestión es si se trata de relaciones mercantiles entre iguales y si una de las partes ostenta una posición de monopolio u oligopolio -el titular de la plataforma que hace de intermediario entre el usuario y el propietario del automóvil o de la vivienda- como para imponer a la otra las condiciones.

Todo lo anterior es apenas la punta del iceberg del paso de una sociedad tradicional a una sociedad digital. Eso exige empezar primero por estudiar y analizar los diversos instrumentos, dispositivos y posibilidades de la sociedad digital, para después lograr una visión más profunda de conjunto que nos permita saber en qué dirección debe moverse la necesaria regulación - en sus diversas formas y modalidades, entre ellas la autorregulación - antes de que sea demasiado tarde. Todo ello, además, en el marco de un necesario diálogo, entre derecho, tecnología y ética.

El derecho ya se ha enfrentado en otras ocasiones a situaciones disruptivas y ahora ha de hacerlo frente a tecnologías también disruptivas cuya evolución futura resulta simplemente impredecible. Sólo desde una perspectiva interdisciplinaria podrán abordarse los retos que la innovación presenta en el marco de la sociedad digital.

Hay que asumir colectivamente la responsabilidad de pensar para qué, por qué y cómo queremos abordar la transformación tecnológica en el mundo digital desde el punto de vista del derecho y de otras ciencias, particularmente en temas como los siguientes: personas, ciudadanía, privacidad, igualdad, confianza y responsabilidad en la red, ciberseguridad y ciberdefensa, trabajo y mercado laboral, mercado digital y competencia, creatividad, acceso a la cultura y deporte, justicia y tutela de los derechos, salud, relaciones internacionales, y por último la sostenibilidad y revolución digital.

Ahora que está de moda la creación de comisiones de alto nivel valdría la pena que el Gobierno estableciera una compuesta no solamente por abogados sino también por especialistas en cada una de estas materias.

Igualmente las facultades de derecho deberían crear cátedras especializadas, ya que la legislación y la profesión de abogado están obligadas a adaptarse a los nuevos retos jurídicos que impone la sociedad digital.

Consultor internacional