Que retribuya al que se le atribuye

Ser Pilo Paga, sin perder su condición de promotor del mérito académico, debería replantearse financieramente. Se ha señalado, en varios escenarios, que el programa aumenta considerablemente el acceso, inclusión y la movilidad social de los estudiantes beneficiados en universidades acreditadas. De eso no tengo dudas, como tampoco de que su alcance es limitado a ‘pocos’ estudiantes y su sostenibilidad es incierta.

Cada año, los recursos para financiar el programa crecen de manera alarmante. Según cifras del Ministerio de Educación, a precios corrientes, cada pilo costaba al gobierno anualmente, en promedio, $14’000.000 en el 2015, mientras que en el 2017 esta cifra está cerca de $17’602.000 (incluyendo matrícula y subsidios). Indexado por inflación, significa un aumento promedio del 13 % del subsidio por estudiante. Este incremento se debe a que los pilos cada vez eligen universidades más costosas, algunos programas son más costosos que antes y hay más pilos estudiando fuera de su región.

Adicionalmente, se espera que cuando estén los algo más de 40.000 pilos estudiando al tiempo (en el 2018), el gasto del programa en un solo año será cercano a 0,8 billones. Esta cifra impedirá alcanzar mayor cobertura en educación superior para estudiantes de bajos recursos.

El programa está siendo víctima de su propio éxito. ¡Necesita replanteamiento! Para que continúe y, de paso, se ponga al servicio de otros, es perentorio que los nuevos pilos y las universidades privadas que se beneficiarán del programa retribuyan al presupuesto para educación superior una parte de lo que el Estado les da. Con estos recursos no solo se alivianaría la carga financiera para el Estado –sin quitarle la oportunidad a chicos excepcionales de que elijan la formación de su preferencia–, sino que además se podría recompensar actividades al servicio del país y aumentar su cobertura.

Me explico, se podría plantear un esquema tipo beca-crédito como el que tiene Colfuturo para sus beneficiarios: una vez termine sus estudios, se le condona al estudiante el 40 % del monto girado. Pero, además, si se va a trabajar a una región se le condona 20 por ciento más, y si lo hace en áreas de educación o sector público, 20 % adicional. Así, el estudiante tiene un crédito-beca condonable que será más beneficioso en la medida en que se dedique a trabajar en sitios o actividades que tenga mayor impacto social.

Igualmente, las universidades privadas beneficiadas, que ya hacen esfuerzos importantes por los pilos, deberían poner lo suyo. Por ejemplo, el Estado podría ofrecer el pago del 80 % de la matrícula a los nuevos pilos, y las universidades que decidieran hacerse del lado de la inclusión, harían el esfuerzo de cofinanciar el otro 20 %. Las que no, saldrían del radar del programa. Todos ponen.

Con el recaudo de los egresados del programa y el ahorro en la matrícula en universidades privadas, se podría pensar en la continuidad de un programa menos generoso y más servicial, que retribuya dinero a su propio presupuesto para financiar a más estudiantes en educación superior. Estos incentivos, si bien no son la panacea para mejorar la cobertura, inclusión y financiación del programa, sí son un paso importante para mejorarlo, pues sin una reestructuración inmediata, Ser Pilo Paga terminará o debilitando en exceso el presupuesto para educación superior o liquidándose, víctima de su propio éxito.

Facultad de Economía, Universidad Javeriana.