Una reforma pendiente

La reforma tributaria que aprobamos en las Comisiones Terceras del Congreso debe ser vista como una buena iniciativa que genera un recaudo importante, aunque es una lástima que no resuelve los problemas del régimen tributario.

La reforma fija una senda para eliminar el Gravamen de Movimientos Financieros (GMF) hasta el 2018, comenzando en el 2012, aunque es posible que se acorten términos en las plenarias, elimina la deducción de 30% de las inversiones en activos fijos a partir del 2011 y la sobretasa al consumo industrial de energía del 20%, determina controles a la elusión y hace disposiciones sobre control y simplificación.

Para evitar la elusión del GMF, se gravan los pagos a terceros por conceptos tales como nómina, servicios, proveedores, adquisición de bienes o cualquier cumplimiento de obligaciones fuera del mercado de valores.

Además, se revisa la base gravable para el impuesto al patrimonio, la obligación de trasladar las sumas retenidas por declaración en la fuente, medidas relacionadas con la causación de los intereses corrientes o moratorios cuando existen saldos a favor, y facultades adicionales para el Director de la Dian.

Se busca reducir en cerca de 1% del PIB el déficit del Gobierno Nacional que llegaría a 3,1%. Por otra parte, se disminuyen los costos de las empresas en energía y las exenciones y deducciones, pero quitar la deducción por inversiones en activos fijos es aumentar la tasa efectiva del impuesto.

También se busca bancarizar y formalizar el país reduciendo el GMF y obligando para el reconocimiento de las deducciones tributarias del uso de transferencias financieras, pero se aumentan los costos de ser formal para algunas empresas al evitarles el uso del efectivo, y se ataca la elusión.

El proyecto debe ser aprobado por la necesidad de mayores recursos, y cualquier ganancia en eficiencia es bienvenida. No obstante, la Unidad Nacional debe aprovecharse para hacer una reforma que haga eficiente, progresivo y equitativo al régimen tributario como lo ordena la Constitución.

El régimen actual es ineficiente, porque los principales impuestos tienen baja productividad en relación a otros países, el recaudo es insuficiente para garantizar la sostenibilidad fiscal, y tiene efectos negativos sobre el crecimiento económico; causa desintermediación financiera, informalidad, distorsiona la asignación de recursos y grava en exceso algunas inversiones.

 Es inequitativo, porque contribuyentes similares pagan tasas muy diferentes, y es poco regresivo, porque la desigualdad en el país en los ingresos no disminuye de forma considerable, luego de impuestos.

Como lo dice Guillermo Perry, la situación anterior se debe a tres deficiencias en la estructura: la primera, una alta tasa nominal que convive con una proliferación de exenciones y deducciones; la segunda, que el IVA cuenta con multiplicidad de tarifas que dificulta su control y grava la inversión en maquinaria y equipo al no permitir la deducción de este impuesto pagado por este concepto; y la tercera, la existencia de gravámenes altamente distorsionantes como lo son los costos laborales no salariales, el impuesto al patrimonio y el gravamen a las transacciones financieras.

Las diversas propuestas que se han hecho al país sobre reformas tributarias recomiendan simplificar el IVA y los impuestos a la renta, unificando las tarifas y eliminando las deducciones y exenciones; revisar los tributos al trabajo formal, eliminar el impuesto al patrimonio de las empresas y a las transacciones financieras.

En general, debe diseñarse una estructura tributaria que reduzca los impuestos directos a las empresas y aumente el de las personas naturales, y que haga del IVA un verdadero impuesto a las ventas, que sea muy difícil de evadir. La idea es bastante sencilla, se debe aumentar la base del IVA y del impuesto de renta y se debe acabar con las exenciones y deducciones.