Un no rotundo a la corrupción

Llamada telefónica: hola, ¿contesta la empresa XXX?. Empresa: Si como no, a sus órdenes. Llamada: Habla YYY, le estoy llamando porque usted tiene en trámite una devolución en la Dian.

Empresa: ¿y qué sucede? Llamada: pues que al revisar el Muisca se ha encontrado que presenta problemas que pueden enredar la devolución y complicarle su situación. Empresa: pero aún no me lo han comunicado, no he recibido ningún oficio de la Dian. Llamada: para eso lo estoy llamando, estamos en condiciones de colaborarle para que no tenga inconvenientes. Empresa: no estamos interesados. Llamada: de todas maneras piénselo y si resuelven lo contrario me llaman.

La anterior charla no es propia de una obra de teatro, corresponde a la realidad y fue reseñada por el desconcertado gerente de una empresa anónima ubicada en Bogotá.

Esta compañía se ha convertido en una más de las que se han visto 'premiadas' en los últimos meses con la 'voz colaboradora' de cómplices de funcionarios deshonestos que prestan sus servicios en una de las entidades más importantes del Estado.

Igualmente, se suma al sinnúmero de anécdotas relacionadas con el desarrollo de actuaciones de control que resultan condicionadas a continuar su trámite, a menos que el investigado acceda a las pretensiones dinerarias de sus responsables. Se dirá por algunos que ante estas conductas delictuosas, debieron presentarse las denuncias del caso.

Sin embargo, el comportamiento común que se encuentra en la generalidad del empresariado colombiano es la omisión de este deber, con el argumento de no exponerse a represalias por parte de los socios de la pandilla que continuarán trabajando en la entidad.

Los ciudadanos no pueden permanecer indiferentes, ya es hora de romper el círculo vicioso de ser víctima, no denunciar y continuar siéndolo de estos malhechores. El Gobierno debe implementar una política que rodee de protección a quien asuma esta responsabilidad de denunciar.

El cúmulo de noticias que presenciamos día a día, sobre la conducta indebida de funcionarios vinculados a diferentes instituciones públicas, denota un evidente quiebre de los altos valores que deben estar presentes en la administración del Estado, y parecieran dar a entender que este anormal comportamiento es lo común.

'Falsos positivos', 'chuzadas' y seguimientos ilegales, manejo indebido de las regalías, contratos de obras públicas adjudicados sin respetar el principio de objetividad e imparcialidad, reparto de subsidios y ayudas en forma amañada (AIS), desviación de ayudas públicas a fines diferentes a aquellos para los cuales han sido concedidos, son algunos ejemplos del constante acontecer inmoral de la actividad pública en nuestro maltratado país.

Una de las principales características del buen servicio público es que se ejerza con probidad. Para que podamos presenciar esta característica nuevamente como lo ordinario en la administración pública y la sociedad debe rodear al nuevo Gobierno en esta pretensión.

Se impone por parte de los particulares hacer un frente común de colaboración con las autoridades de control, para que estas reprochables conductas sean objeto de todo el peso de la ley. Y por el lado de quienes han arribado a los cargos de dirección de las entidades públicas, asumir estrategias de choque creando 'bloques especiales de búsqueda y sanción' para frenar este abuso y asalto al erario público y al particular. Ya es hora de materializar un no rotundo a la corrupción.