Cerro Matoso pide intervenir a Canacol: 'Vivimos sin saber cuánta cantidad de gas tendremos al día siguiente'

Su advierte que la incertidumbre por el suministro de gas amenaza el empleo y la continuidad operativa.

Nequi no ofrecerá este servicio temporalmente por mantenimiento. Foto: Archivo Particular Foto:

Coordinador editorial de Boletines01.07.2026 15:20 Actualizado: 01.07.2026 15:20

La incertidumbre se convirtió en el principal desafío para Cerro Matoso. La compañía enfrenta reducciones sucesivas en el suministro de gas natural por parte de Canacol, mientras asegura que desde hace más de un mes y medio no logra sostener conversaciones con los directivos de la empresa.

El fallo, que corresponde al Macrocaso 01 sobre secuestro, constituye una de las dos primeras sentencias condenatorias dictadas en segunda y última instancia dentro del trámite de la JEP. Con esta decisión quedan resueltas las apelaciones presentadas por víctimas, organizaciones de víctimas, el Ministerio Público y los propios comparecientes contra la sentencia de primera instancia.

La Sección de Apelación confirmó la responsabilidad penal de Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar como autores mediatos de los crímenes de guerra de toma de rehenes y homicidio, así como de los crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, asesinato y desaparición forzada.

Además, determinó que cinco de los siete exintegrantes del Secretariado también son responsables, por su posición de mando, de no haber evitado la comisión de crímenes de guerra como tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado, así como de los crímenes de lesa humanidad de tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y otros actos inhumanos.Un fallo que cambia las sanciones

Aunque confirmó la condena, la Sección de Apelación revocó 36 apartes de la sentencia de primera instancia al considerar que las sanciones restaurativas no cumplían con los estándares exigidos por la justicia transicional.

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El tribunal concluyó que varias de las actividades ordenadas correspondían realmente a obligaciones propias del régimen de condicionalidad, lo que implicaba un doble beneficio para los comparecientes, mientras que otras los ubicaban en posiciones de liderazgo que podían generar riesgos de revictimización.